Noticias históricas acerca del proyecto de construcción de un tren de alta velocidad entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba en la República Argentina, entre el 27 de abril de 2006 y el 26 de septiembre de 2008 (las noticias continuaron hasta el 20 de diciembre de 2012), durante los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner.

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sábado, 4 de diciembre de 2010

Armaron una red para cobrar comisiones por el tren bala

4/12/2010.

El asesor de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, creó una estructura financiera por la cual recibiría “honorarios” de, por lo menos, un millón de euros. Era una gestión incompatible con su cargo oficial.

Manuel Vázquez, el asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, coordinó personalmente –desde Buenos Aires y Madrid– el armado de un conglomerado de empresas nacionales y extranjeras que se presentó y finalmente ganó la licitación para el tren bala argentino. El proyecto, que tendría un costo final de US$ 4.000 millones, iba a ser la obra de infraestructura ferroviaria más importante de la gestión de los Kirchner y, según correos electrónicos de Vázquez, el matrimonio lo tomaba como un proyecto personal .

Para la operación, el asesor de Jaime utilizó los servicios de su socio en España, Miguel Ángel Lorente, y del estudio jurídico de Madrid más reconocido en temas tributarios de empresas internacionales . La negociación por este tema se lee claramente en los mails enviados por Vázquez, Lorente y el abogado contratado. Entre los tres organizan detalles fundamentales de la ingeniería financiera de la propuesta de este conglomerado en el que Alstom, la fabricante francesa de trenes, tenía un rol fundamental. La operación implicaba comisiones de “alrededor de un millón de euros” sólo para los trámites de presentación a la licitación, según se lee en un correo del abogado donde hace los cálculos de los honorarios en base a un total 87 millones y medio de dólares, el importe necesario como depósito de garantía para licitar.

Esta información fue confirmada a Clarín por Lorente quien dijo: “Vázquez nos pidió que colaboráramos en el proyecto del tren bala armando un conglomerado de empresas a partir de su vínculo con Alstom . El trabajo comenzó pero nunca vimos un peso”.

Vázquez, como reveló Clarín , tenía un contrato con Alstom Brasil desde 2006 por el que cobró –en julio de 2007– alrededor de US$ 500 mil. La constancia de estos pagos salió de las facturas escaneadas y guardadas en las computadoras de Vázquez.

Jaime fue secretario de Transporte entre el 2003 y el 2009 empujado por la íntima relación que lo unía con Néstor Kirchner. Vázquez fue, mientras permaneció en el cargo, su mano derecha y ejecutor de las gestiones principales de la Secretaría. El asesor, como prueban los mails y confirmaron los participantes del negocio, operó de los dos lados del mostrador .

Este es el único tema de los más de 20 mil correos del asesor de Jaime que se habla en estricta confidencialidad . En las idas y vueltas predominan las palabras en abstracto y la necesidad permanente de “hablarlo personalmente”. En ese contexto, hay viajes de Vázquez a Madrid para reunirse por este tema en el glamoroso y elegante barrio de Salamanca donde vive su socio Lorente. En esa misma zona está ubicado el estudio jurídico del abogado de nacionalidad no española que intervino en el negocio y tiene en su cartera de clientes a Alstom y otras multinacionales. Vázquez llegó al abogado por recomendación de Lorente. Fue el martes 30 de octubre de 2007 a la mañana en el bar del hotel Four Seasons. Desde entonces, comienzan los correos donde el abogado reporta sus reuniones secretas para organizar “una estructura financiera” que supere los obstáculos que afectaban cada vez más el proyecto del tren bala.

Escribió Vázquez en octubre de 2008: “Lamento mucho todo lo que se esta demorando este proceso pero como verás el mundo esta demasiado turbulento y la Argentina aún más. Creo muy importante, que pienses cómo podríamos montar una estructura básica para aquí mismo generar lo necesario que se necesite para pagar los costos que tu sabes ”. La respuesta es inmediata. El abogado le responde con un esquema financiero técnicamente difícil pero fácil de comprender en términos generales: describe una negociación “con un despacho Suizo para la creación de una Sociedad de Capital de Riesgo a partir de una estructura ya existente para operaciones de “portage” (es decir para intervenir como intermediario fiduciario en operaciones de compra y venta de participaciones en empresas no cotizadas para que el fiduciante pueda obtener de forma confidencial plusvalías que además no tendrían carga tributaria)”. El abogado habla en reiteradas oportunidades de una reunión con “el francés” del que sólo da su nombre –Olivier– y con el que se juntó en Madrid el 6 de julio de 2009. Los correos describen que se trataba de un miembro de Alstom con el que debían charlar detalles de la operación financiera. Al terminar esa reunión, el tributarista envía un correo para hablar de los resultados en persona. Luego la Justicia se llevaba todas las computadoras de Vázquez de su oficina y el final de esta operación ya no quedó registrado en estos mails.

http://www.fie.org.ar/articulo_Armaron-una-red-para-cobrar-comisiones-por-el-tren-bala_24909_Clarin.html

http://www.clarin.com/politica/Armaron-cobrar-comisiones-tren-bala_0_384561545.html

domingo, 13 de julio de 2008

La licitación por el tren bala violaría las leyes de transparencia

DOMINGO 13 JULIO 2008.

Por: Claudio Savoia csavoia@clarin.com.

SOSPECHAS EN LA OBRA PUBLICA.

Los pliegos para realizar la polémica obra incumplen los requisitos que las leyes locales y los organismos internacionales exigen para evitar la corrupción. Un nuevo informe vuelve a cuestionar el proyecto.

Como un remanente incómodo de los años 90, el proyecto oficial de unir con un tren bala las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba se aleja, a la velocidad que sólo ese bólido puede lograr, de los estándares internacionales de transparencia en licitación de obras públicas: Clarín recopiló los requisitos y recomendaciones que las leyes argentinas y los organismos multilaterales exigen para alejar de estas millonarias convocatorias la sombra de la corrupción, y las comparó con el sinuoso camino que viene siguiendo el expediente del tren bala. A su vez, un informe inédito de las organizaciones civiles Poder Ciudadano y Plataforma Megaciudad, que este diario adelanta en exclusiva, analiza los puntos oscuros del plan que obsesiona a la pareja presidencial.

Las objeciones al proyecto vienen multiplicándose en los últimos meses. La Justicia Federal analiza dos denuncias penales y en los próximos días avanzaría con una de ellas; la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ya inició su propia investigación y la oposición legislativa también puso bajo la lupa la licitación adjudicada hace dos meses a un consorcio liderado por la empresa francesa Alstom. El informe de Poder Ciudadano, redactado por el especialista en temas de transparencia Nicolás Dassen, es lapidario: "Existieron, en el proceso licitatorio, ciertas anomalías que indicarían que la licitación fue direccionada hacia un oferente particular", dice sin rodeos.

Argentina desparramó las condiciones mínimas de transparencia para las licitaciones públicas en las leyes 13.064 y 17.520, el decreto 1023/01 y una serie de reglamentaciones administrativas. A su vez, los estándares internacionales de transparencia se normatizaron en documentos como la Convención contra la Corrupción de la ONU, la Convención contra el Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -que Argentina integra junto a 35 países- y otros papers de circulación mundial. ¿Algunos de sus requisitos? Que haya un presupuesto claro y que no se modifique durante la licitación, que el proyecto que se licita responda a los estudios técnicos y ambientales previos, y que los oferentes puedan mostrar cómo van a financiar la obra. Condiciones que no se cumplieron en la licitación del tren bala (ver página 31). Veamos qué dice el informe técnico redactado por Dassen:

"La formulación del proyecto resulta ser demasiado amplia e indeterminada, impidiendo comparar distintas ofertas".

"Hubo una falta de dictámenes técnicos a los que obliga la ley de inversión pública (estudio de factibilidad e impacto ambiental, y un dictamen de calificación), que debieron ser realizados por la Dirección Nacional de Inversión Pública. Esto puede configurar una causal de nulidad por tratarse de requisitos esenciales para la validez de la adjudicación." Con estos estudios, Transporte debería haber argumentado la razonabilidad del proyecto y sus pobilidades de realización. Nada menos.

"Hubo redacción de cláusulas defectuosas del pliego de licitación que hicieron imposible la competencia igualitaria entre diferentes empresas para comparar sus ofertas". Un informe elaborado por el diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez -autor de una fuerte denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas-, sostiene que esta construcción enrevesada de los pliegos, que con sus diferentes interpretaciones y súbitos cambios terminaron dejando en carrera a un solo oferente, era conocida por los otros dos que, según Pérez, sólo se presentaron para generar "una ficción de licitación".

"Se exigió a los candidatos una inversión propia del 50% de la obra, un requisito muy ambicioso que restringe la participación de distintos oferentes".

Las sirenas de alerta ante la falta de transparencia del tren bala -"un expediente que anda más rápido que el propio tren", según reconoce un funcionario que lo manipuló- terminaron de atronar cuando en abril, tres meses después de la adjudicación al grupo Alstom, el Estado modificó las condiciones, plazos y tasas del plan de pago que había presentado la empresa: la inversión ya no sería financiada a 16 años y un interés anual del 5,2% por el banco francés Societé Generale, sino que se haría con un crédito del banco Natixis "a una tasa que oscila entre el 12 y el 16% anual y un plazo de pago de 30 años, lo que llevaría los costos totales estimados a unos 4.000 millones de dólares". El presupuesto original era de 1.350 millones de dólares.

Este cambio, efectuado con una simple resolución administrativa del ex ministro de Economía Martín Lousteau, fue denunciado ante la Justicia por los abogados Ricardo Monner Sans y Mario Cafiero. Según el informe escrito por Dassen, el cambio "rompe con los principios de competencia entre oferentes que toda licitación debe poseer, máxime cuando la modificación es desfavorable para los intereses del Estado. Esto puede causar la nulidad de la adjudicación".

Otro agujero negro del proyecto sobre el cual nadie prestó atención hasta hoy es la adjudicación directa de la operación del tren, que según el pliego licitatorio quedaría en manos de Ferrocentral, Trenes de Buenos Aires, Nuevo Central Argentino y Belgrano Cargas. "Esto es gravísimo", confesó ante Clarín un abogado analista de licitaciones públicas. "Las grandes ganancias -que usualmente compensan el costo de las obras- surgen de la operación del servicio, por eso siempre se licitan aparte".

Debajo de estas grandes dudas, los pliegos licitatorios y todas las resoluciones que componen el corpus normativo de la licitación esconden otras pequeñas cláusulas que despertaron suspicacias. Veamos algunas: a la constructora se le permite resolver con pasos a nivel -mucho más baratos que los puentes o túneles- la comunicación entre ambos lados de las vías en tramos en los que el tren circule a menos de 150 kilómetros por hora, "mientras que en Europa se realizan, por cuestiones de seguridad, pasos a nivel cuando la velocidad es inferior a 100 kilómetros por hora", asegura el informe.

Otra: mientras que el costo promedio de las obras del tren bala que une las ciudades chinas de Beijing y Shangai fue de 10 millones de euros por kilómetro y las del tren francés París-Metz fueron de 10,7 millones, "el presupuesto previsto por el gobierno argentino es de alrededor de 1,2 millones de euros por kilómetro, lo cual deja fuertes sospechas respecto a reajustes posteriores en el precio final". Una más: el Pliego de Especificaciones Técnicas le avisa a los oferentes que no podrán prever la realización de expropiaciones, "excepto cuando la autoridad de aplicación -la secretaría de Transporte comandada por Ricardo Jaime- lo determine, en caso de ser absolutamente necesario" Es decir que no se puede, pero se podría. Pero eso no es todo: Según el artículo 17 de la Constitución, en Argentina las expropiaciones "por causa de utilidad pública" sólo pueden ser dispuetas por el Congreso.

Mientras las sospechas siguen creciendo, el hermetismo con que el gobierno manipula el proyecto agiganta las suspicacias. Para alimentar el informe que hoy anticipa Clarín, Poder Ciudadano intentó revisar el expediente administrativo de la licitación a través de un pedido de acceso a la información pública. Como se vencieron todos los plazos legales sin que la Secretaría de Transporte accediera, la semana pasada esa solicitud se transformó en una denuncia ante la Oficina Anticorrupción.

Las noticias, impiadosas, no sirven para disipar las dudas. El lunes pasado, y tras haber consultado a empresarios que admitieron que los contratos con el Estado tienen "zonas grises donde la legalidad de ciertos pagos no fue del todo clara", la OCDE pidió al país que adoptara medidas para sancionar a las firmas que paguen sobornos. A su vez, en el ranking sobre corrupción que Transparencia Internacional difunde en forma anual Argentina figura en un incómodo puesto 105 entre 180 países. Una de las causas de esa calificación es la extrema endeblez que su sistema de contrataciones públicas ofrece ante posibles sobornos.

http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2008/07/13/z-03015.htm

miércoles, 30 de abril de 2008

Duras críticas de la Coalición Cívica

Miércoles 30 de abril de 2008

"Es un acto de corrupción", dijo Carrió.

Horas después del anuncio en la Casa Rosada, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó ayer en duros términos y calificó de "nuevo cachetazo para el pueblo argentino" al ambicioso proyecto kirchnerista del Tren de Alta Velocidad (TAVE), que unirá las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

"Es un acto de corrupción política y una humillación para miles de argentinos que viajan como ganado en los trenes locales", afirmó ayer la ex diputada en una conferencia brindada en el Instituto Hannah Arendt.

A través del diputado y titular del bloque Adrián Pérez (CC-Buenos Aires), la coalición presentará en la mañana de hoy sendas impugnaciones al proyecto en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que encabeza el fiscal Manuel Garrido, y la Oficina Anticorrupción.

La base de los cuestionamientos opositores se centró en el proceso de financiación y en los costos finales que tendrá la concreción del proyecto para el Estado.

"Se cambió el banco que financiaba el proyecto [será el francés Natixis en lugar del Société Generale, previsto en un comienzo] con más intereses y sin realizar una nueva licitación. También se licitó a un costo de 1300 millones de dólares y va a terminar costando 4000 millones", destacó Pérez.

"La primera estación del tren bala es Tribunales, y de ahí no debería salir", criticó el diputado bonaerense.

A su turno, Carrió apuntó en forma directa a la Casa Rosada. "Ahora sabemos a qué fue Cristina [Kirchner] a Francia: a entregarle a [Nicolás] Sarkozy el acto de corrupción que se necesitaba para habilitar la licitación", fustigó, y afirmó que, de llegar al gobierno, "anularía ese contrato. Me daría vergüenza explicarle a la gente que se invierta tanto dinero en un tren que no usarán ni las clases bajas ni las clases medias del país".
Viaje costoso

Un rato antes, Pérez había estimado a LA NACION que un viaje entre Buenos Aires y Rosario valdría 600 pesos.

"Este proyecto quedará en la historia como el símbolo de la ilimitada corrupción de Cristina y Néstor Kirchner", finalizó Carrió.

Las denuncias de la ex candidata presidencial se suman a las críticas al proyecto oficial efectuadas en las últimas semanas por la Unión Cívica Radical y por los dirigentes de Proyecto Sur, del cineasta y político Fernando Pino Solanas y el economista Claudio Lozano.

En el caso del radicalismo, el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy) y el diputado Alejandro Nieva presentaron una denuncia judicial contra la iniciativa que llegó a la Corte Suprema de Justicia a fines del mes último.

Notificado de forma extraoficial de que el pedido será rechazado, Morales evalúa ahora efectuar otra denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

http://www.lanacion.com.ar/1008643-duras-criticas-de-la-coalicion-civica